Monitoreo de Violencia Politica contra las mujeres en redes sociales

¿Qué es la Violencia política contra las mujeres?

En los últimos años, hemos dado pasos importantes en la consagración de los derechos de las mujeres, que se ven plasmados en diversos instrumentos jurídicos a nivel nacional, regional e internacional. A partir de la ratificación del Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), el Estado argentino ha avanzado con distintas legislaciones para alcanzar la meta de lograr la igualdad real de las mujeres y los varones y así promover "…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos..." (CEDAW).

La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (2017) elaborada por la OEA, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y en colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), tiene por objetivo “la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública, particularmente en los cargos de gobierno”.

Se entiende por violencia política contra las mujeres a “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”. Esto incluye a mujeres en cargos electos o designadas pero también a las que ejercen función pública.

La violencia política contra las mujeres y diversidades puede ser de diferentes tipos: física, sexual, psicológica, moral, económica, simbólica; estar dirigida directamente a la mujer que participa en política o contra su familia, y efectuarse de manera tradicional, a través de las actividades partidistas o por medio de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio.

Proyecto de ley “Prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en política” 2362-F-2020

A nivel nacional, contamos con la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, modificada en 2019 para incorporar entre las formas de violencia, la violencia política.

La Ciudad de Buenos Aires adhirió a esta ley en 2019, pero frente a los retos aún pendientes para erradicar las prácticas machistas que apuntan a excluir a las mujeres de la carrera política, la DPCABA presentó a la legislatura porteña un proyecto para establecer un “Régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en política”(Exp 2362/20)

Los aspectos más importantes del proyecto son:

  • el ámbito de aplicación: las disposiciones de la ley se aplicarán a los tres poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, entes descentralizados, empresas y sociedades del estado, organismos de seguridad social, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria
  • violencia en línea y violencia digital: reconoce la violencia política ejercida en el ciberespacio
  • propone diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, la protección y atención integral a sus víctimas, y la sanción y reeducación a los autores
  • insta a establecer protocolos de actuación para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género, en el ámbito de su aplicación y los partidos políticos.
  • prevé sanciones efectivas para que las mujeres sientan en la ley una verdadera herramienta de protección y defensa de sus derechos.
Violencia contra las mujeres y diversidades en entornos digitales

En los últimos años, y especialmente, en contexto de pandemia, las redes sociales y los medios de comunicación digitales han cobrado especial importancia, tornándose en un lugar privilegiado del debate público, en donde tanto la ciudadanía como los/as políticos/as expresan sus opiniones, propuestas electorales e información gubernamental.

No obstante, al entorno digital se trasladan las relaciones de poder en la sociedad, y con ellas las violencias que se viven en los espacios físicos “tradicionales”, pero que en este nuevo territorio, se favorecen de la velocidad y el amplio alcance de la difusión de mensajes (viralización) y el anonimato que permite la creación de perfiles falsos o pseudónimos.

En este contexto, las mujeres en general, y las mujeres que hacen política u ocupan cargos públicos, en particular, enfrentan diversas formas de violencias digitales tales como el ciberacoso, la manipulación, la desinformación, amenazas y hostigamiento en línea. Estas formas de violencias incluyen el monitoreo y acecho, la publicación de datos personales, trolling, el desprestigio, la difamación o la descalificación, el odio viral; y suelen expresarse con mayor fuerza cuando las mujeres que opinan o participan en temas tradicionalmente de “varones” (economia, justicia, deporte, entre otros); cuando desarrollan temas vinculados a derechos de las mujeres y diversidades; y cuando se expresan para denunciar la discriminación por motivos de género (Rele, Mujeres periodistas y libertad de expresión, 31 octubre 2018)

El Consejo de Derechos Humanos de la Onu en el año 2018 definió a la violencia en línea contra la mujer como “todo acto de violencia de género contra la mujer cometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de las comunicaciones Tic, como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, Internet y redes sociales, plataformas o correo electrónico, contra una mujer porque ella es una mujer, o afecta a las mujeres desproporcionadamente”. De esta definición se desprende la “violencia digital” entendida como aquella que afecta la reputación digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales, como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digitales o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual.

Sin embargo, la violencia en línea contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni nuevo, sino una extensión de una situación estructural de violencia sistemática perpetrada por parejas, exparejas, allegados, desconocidos e incluso las instituciones gubernamentales, partidos políticos y otros actores relevantes, que se traduce en y retroalimenta diversas formas de violencia de género en espacios no virtuales (Rele, Mujeres periodistas y libertad de expresión, 31 octubre 2018, párr.48).

Investigaciones realizadas en Argentina (ELA, 2019; Fundeco, 2019; Amnistía Internacional Argentina, 2019) dan cuenta que más del 60% de los episodios de violencia política ocurren por medio de internet.

Monitoreo de violencia política en redes sociales durante el proceso electoral 2021

Entendiendo que, por un lado, las TIC son un espacio para la expresión de opiniones y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y diversidades, por el otro, también son un ambiente propicio para la difusión de discursos violentos, de odio y de desvalorización y deslegitimación de las opiniones políticas de las mujeres y diversidades, proponemos realizar un monitoreo de la violencia política en línea hacia las precandidatas y candidatas durante las elecciones 2021.

Objetivos:

  • Dimensionar la violencia política en línea durante el proceso electoral 2021
  • Dar cuenta de las brechas de violencia de género, en un trabajo comparativo entre (pre)candidatos varones y (pre)candidatas mujeres
  • Realizar una tipificación exhaustiva de los tipos de discursos violentos que reciben las mujeres y diversidades políticas
  • Describir las formas de resistencias a la violencia en línea
  • Explorar quiénes son las y los actores que emiten los discursos violentos

Metodología:

El monitoreo se realizará mediante la recolección cuantitativa y cualitativa de datos de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram), es decir, comentarios y menciones que reciben las/os (pre)candidatas/os. Los datos se relevarán durante todo el periodo de campaña tanto para las elecciones PASO como para las elecciones Generales.

También se realizarán entrevistas en profundidad a los equipos de comunicación partidarios y de las/os (pre)candidatas/os en el proceso post-electoral.

Serán monitoreados todos los (pre)candidatos y todas las (pre)candidatas a legisladores y legisladoras porteños (30 bancas) y a diputados y diputadas nacionales por la CABA (13 bancas).

Monitoreo de la Ley de paridad 2021

¿Por qué es importante la participación política paritaria?

La participación política de las mujeres constituye uno de los objetivos centrales en materia de igualdad entre los géneros y una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y la realización efectiva de la democracia.

En este sentido, la República Argentina fue atravesando por un proceso de incorporación y reconocimiento de las mujeres en la vida pública y política que se fue volcando en normativa clave y transformadora: la ley 13.010 de Voto Femenino en el año 1947, la Ley de Cupo Femenino, en el año 1991 y finalmente la sanción de la Ley 27.412 de Paridad en Ámbitos de Representación Política, sancionada en el mes de noviembre de 2017, son algunos de los hitos más importantes de ese proceso.

Las leyes de cuotas o paridad son definidas como políticas de equidad que buscan eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y asegurar sus derechos políticos mediante acciones afirmativas que establecen porcentajes mínimos de mujeres que los partidos políticos deben incorporar en sus listas de candidatos/as.

La Ley 24.012 de Cupo Femenino del año 1991 implicó un salto cualitativo en tanto estableció la obligación por parte de los partidos políticos de garantizar que, de la composición de las listas, al menos un 30% fueran mujeres. Producto de esta Ley se evidenció un aumento drástico de la participación de las mujeres en el poder legislativo pero, lamentablemente, si bien su espíritu buscaba establecer un piso de participación, la normativa se instaló como un techo, evidenciando que su permeabilidad en los partidos políticos tuvo más que ver con el cumplimiento de la legislación que con propiciar un cambio cultural.

Por su parte, la Ley de Paridad implica que para poder ser oficializadas, las listas para los cargos de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur, deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

No obstante, dado que Argentina es una República federal con un gobierno central, veintitrés provincias y una Ciudad Autónoma, cada provincia y la CABA tienen facultad de dictar sus propias constituciones, instituciones y establecer su propio sistema electoral para cargos subnacionales (de nivel provincial y municipal). Por ello, a nivel provincial la situación es compleja y heterogénea. Por un lado, distintas legislaciones locales se adaptaron paulatinamente a la ley de “cupo femenino” nacional. Por el otro, algunas provincias fueron más allá de la normativa nacional y sancionaron leyes de participación equivalente y proporcional por género previo a la sanción a nivel nacional.

Desde la sanción a fines del 2017 de la ley 27.412 de “Paridad de género en ámbitos de representación política” a nivel nacional, 14 provincias han sancionado sus propias leyes de paridad, actualizando sus leyes de cupo femenino. Junto a las anteriores 7 provincias que ya contaban con legislación en esta materia, para el proceso electoral 2021, 21 de las 24 provincias argentinas van a regirse con normativas que regulan la participación proporcional y equivalente de géneros en ámbitos de representación política. Mientras que las provincias de Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán continuarán rigiéndose por el cupo de género a nivel provincial.

¿Qué monitoreamos en este proceso electoral 2021?

El objetivo del monitoreo es observar el cumplimiento de la ley de paridad en las listas de precandidaturas y candidaturas para los cargos legislativos nacionales (diputados/as y senadores nacionales) y provinciales (diputados/as, senadores y convencionales provinciales). Es decir, que las listas partidarias esten integradas por 50% de mujeres y 50% de varones.

Asimismo, se observará otro de los requisitos de cumplimiento: la alternancia desde el primer/a candidato/a titular hasta el último suplente, es decir, que se cumpla con un esquema como el siguiente, en continuado entre las candidaturas titulares y suplentes.

También se monitoreará la presencia de mujeres encabezando las listas, que si bien no es un requisito establecido por ley, constituye todo un símbolo en relación al cambio cultural que se espera de este tipo de legislación. Cuanta mayor cantidad de mujeres encabecen listas, mayor será la posibilidad de que efectivamente ingresen a los cargos por los cuales compiten.

Finalmente, se recopilarán datos sobre la conformación de las cámaras legislativas para comparar la participación política de las mujeres pre y post electoral. Estos datos contribuirán a evaluar la implementación de la ley de paridad, sus fortalezas y los obstáculos pendientes para garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.

Por otro lado, en esta oportunidad, además de las listas de (pre)candidaturas se relevará la conformación de las juntas electorales provinciales, poniendo el énfasis en la participación de las mujeres en estos espacios.

¿Qué metodología se implementará?

La metodología de trabajo implementada es la observación directa y manual de cada una de las listas oficializadas en los sitios web oficiales (tribunales electorales, juntas electorales, Cámara Nacional Electoral, etc.), respetando el siguiente cronograma de trabajo:

Para las PASO:

  • 26 de julio: oficialización de precandidaturas
  • Viernes 13 de agosto, 20hs: fecha límite para monitoreo de listas y de juntas electorales
  • Semana del 16 al 20 de agosto: confección y diseño del informe
  • 25 de agosto: publicación del informe Elecciones PASO

Elecciones PASO 12 de septiembre de 2021

Para las Elecciones Generales:

  • 30 de septiembre: vence plazo para registrar candidaturas
  • 15 de octubre: fecha límite para monitoreo de listas (15 días)
  • Semana del 18 al 22 de octubre: Confección y diseño del informe
  • 27 de octubre: publicación del informe Elecciones Generales

Elecciones Generales 14 de noviembre de 2021

Conformación de las Cámaras legislativas: Comparación situación pre y post electoral de representación de mujeres

  • 30 de noviembre: fecha límite para recolección de datos
  • 10 de diciembre: publicación del informe con puntos más importantes del monitoreo, conformación de cámaras (comparativo pre-post elecciones), sugerencias y recomendaciones
Monitoreos previo: elecciones 2017 y 2019

El Observatorio Electoral de la Defensoría y en conjunto con las Defensorías nucleadas en la Asociación de Defensores y Defensoras de la República Argentina(ADPRA), desde el año 2017 realiza monitoreos del cumplimiento de las leyes nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires de cupo (2017) y de paridad (2019). Los informes previos los podés consultar aquí:

Informe #ParidadEnLasListas PASO2021

¿Qué elige cada provincia?

*Según la ley provincial de San Luis (Ley Nº 1038/2020) todas las listas de candidatos/as a la Cámara de Diputados/as para las elecciones del 2021 y 2023 deben estar encabezadas por una mujer. Adicionalmente, luego del 2023, se establece que en las listas para la Cámara de Diputados/as deberá alternarse el orden de género en cada elección por departamento.